Secretaría de la Función Pública no ha iniciado procedimiento alguno contra funcionarios por el caso “Oceanografía”

Hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública no ha iniciado procedimiento alguno contra funcionarios públicos por el caso “Oceanografía”, confirmó Julián Olivas Ugalde, encargado de despacho de la dependencia.
Sobre el mismo tema, Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, advirtió que “no podemos seguir pensando que los intereses personales tengan espacio dentro de las sociedades democráticas”.
Al término de la presentación en la cancillería sobre un estudio en materia de asociaciones público-privadas para el combate a la corrupción, Olivas Ugalde dijo que de ameritar alguna sanción para algún funcionario en el caso “Oceanografía”, se daría a conocer de inmediato.
“No hemos iniciado todavía procedimiento contra funcionarios; en este momento no hay elementos para dar una noticia al respecto”, aclaró.
Recordó que, en este momento, lo único que hay es la inhabilitación y la sanción económica para la empresa prestadora de servicios para Pemex, que se derivó de la revisión de nueve contratos específicos.
Sin embargo, por el momento ninguno de ellos ha derivado en responsabilidades para funcionarios públicos, aunque tampoco aclaró si se está investigando a alguno en particular.
El encargado de despacho de la Función Pública, indicó que de lo revisado hasta el momento en el caso de “Oceanografía”, aún no se desprende la presunta participación de los hijos de Martha Sahagún.
“No tenemos ninguna información oficial al respecto, si hubiera alguna auditoría que diera ese resultado se los daríamos a conocer. Al momento no hay nada”.
En el mismo evento, Antonio Mazzitelli reconoció que el marco normativo de México en materia de lucha contra la corrupción, es bueno en general, pero desgraciadamente no puede garantizar por sí mismo que no se den actos corruptos.
Por eso, insistió en que se debe lograr una transformación cultural para desterrar la corrupción y trabajar por una nueva ética del negocio, donde se entiende a las empresas como órganos que colaboran con las comunidades, en lugar de satisfacer intereses particulares.
“No podemos seguir pensando que los intereses privados puedan tener espacio dentro de las sociedades democráticas”, insistió, al destacar que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser la norma, tal como lo señala la Convención de Mérida sobre la lucha contra la Corrupción.