Análisis

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La pospuesta reforma constitucional en materia de transparencia, que fue aprobada en el Senado y detenida en la Cámara de Diputados, será discutida en el periodo extraordinario de sesiones que se celebrará desde hoy miércoles 21 al viernes 23. No es, por desgracia, una noticia grata para el país. Veamos por qué.

Primero. Es evidente que no todo cambio constitucional o legal es positivo; antes bien, puede ser al contrario. El derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales lleva ya 10 años en el país con un ejercicio acotado por una ausencia de cultura social y por limitaciones interpretativas de buena parte de los órganos garantes, que pasaron a convertirse en una nueva fuente de empleo público y reproducir la política del “sí señor”. Este hecho puso en predicamento la viabilidad del derecho a saber.

Decía con razón Martín Luis Guzmán en su clásica obra La sombra del caudillo: “nadie va contra su propio interés”, y esta máxima se aplica entre quienes integran los órganos garantes de transparencia. Peor aún, el cumplimiento de la ley y sus principios constitucionales de apertura han demostrado en estos años un efecto paradójico: es el camino seguro al despeñadero laboral. Por el contrario, la apuesta a la simulación paga, y bien. Se deja así posicionado el mensaje de la transparencia sin transparencia.

En la actualidad, el desdibujamiento por diversas causas del Grupo Oaxaca (el cual promovió que la Ley Federal de Transparencia fuera lo mejor de lo que fue posible en su circunstancia), la institucionalización y/o la falta de incidencia efectiva de buena parte de las organizaciones sociales, la presencia testimonial de los centros de investigación públicos y privados, más ocupados en no salirse de su zonas de confort que preocupados por el interés del país, han generado un caldo de cultivo propicio para que en las próximas semanas asistamos a un salto hacia el pasado.

Segundo. En efecto, los temas que hoy gravitan entre las fracciones parlamentarias son los siguientes: a) Se quedan o se van los comisionados actuales. (El PRI se pronuncia porque se vayan todos; el PAN reivindica la postura exactamente contraria, y el PRD, dividido, busca encontrar la cuadratura al círculo para romper esta tensión parlamentaria.) b) Ampliación de los sujetos obligados a efecto de que los partidos políticos y los sindicatos deban informar a la sociedad directamente, sin intermediarios, como hoy sucede con los partidos vía el Instituto Federal Electoral. (El PRI hace todo lo posible para que las cosas queden como están y salgan del escrutinio público partidos y sindicatos; el PAN se inclina por que los sindicatos informen y por que los partidos lo hagan parcialmente, al igual que el PRD; c) Inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados. (Una gran conquista de la ley federal es que las resoluciones del IFAI no pueden ser impugnadas judicialmente por las autoridades federales, pero deja a salvo esta posibilidad para los gobernados; el PRI propone eliminar esta figura legal; el PAN, al menos la mayoría de sus integrantes, sostiene que el principio debe mantenerse intocado; el PRD no tiene postura única y está atento a ver cómo salir del paso sin mancharse la cara, si eso fuera posible.)

Tercero. Este desencuentro partidista ha dejado de lado otras cuestiones igual o aún más importantes que las anteriores donde no hay disenso o que escapan del radar legislativo. Los temas que deben discutirse, al menos, son los siguientes:

1.- El IFAI no puede ser un tribunal de alzada que atraiga los casos de las resoluciones de los órganos garantes locales, que deben impugnarse por los particulares ante la justicia federal. Es preciso mantener el sistema actual por dos razones: a) porque el cambio va a prolongar el proceso de acceso a la información pública, generando un largo camino que va a desincentivar a los de por sí poquísimos usuarios, y b) porque en estos 12 años de gobiernos del PAN las entidades federativas pudieron operar con una libertad que no habían conocido antes del 2000. Eso ha hecho que en algunas entidades del país haya grandes avances a nivel constitucional, con un piso mínimo general gracias a la reforma del artículo 6º constitucional del 2007. Echar por la borda lo ganado sería una grave irresponsabilidad centralista.

2.- El IFAI como órgano materialmente jurisdiccional debe sujetarse sólo a la Constitución y a la ley, y no a un conspicuo consejo consultivo ciudadano que ahora proponen los partidos. ¿Se imagina alguien al procurador general de la República teniendo que cabildear con los “ciudadanos” si abre o no una averiguación previa, o a la comunidad litigante no sólo argumentando conforme a derecho, sino convertida también en órgano político para “convencer” a los “ciudadanos” de que incidan en las resoluciones judiciales? Eso sería darle el tiro de gracia al principio de legalidad que caracteriza a todo Estado democrático de derecho.

3.- Hay diversas dependencias y entidades federales con bases de datos de los gobernados que tienen firmados convenios de colaboración con el SAT, con la PGR, etcétera, para utilizar esos datos con el fin de localizar a morosos o a presuntos responsables. ¿Y la protección de datos personales? Bien, gracias. Esto debe cambiar para que, por ejemplo, el caso de las “licencias intrusivas” de Sinaloa no exista más. Hay que tener gobiernos transparentes y ciudadanos opacos y no al revés, como empieza a suceder.

4.- Conflicto de interés y declaración de intereses. Este tema, puesto en la mesa por vez primera por Juan Pablo Guerrero Amparán hace varios años, cobra una vigencia cada vez mayor. Hoy sucede con no poca frecuencia, y, sólo por poner un ejemplo, integrantes de órganos garantes de transparencia tienen incrustados a familiares y amigos en los sujetos obligados a cambio de protección, como si de la mafia se tratase. Hoy se ha perdido la brújula de lo que es importante. Hay que encontrarla.

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