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- Advierten que PRI y PVEM buscan dañar el derecho ciudadano de acceso a la información
- Peña Nieto pretende mantener en la opacidad fideicomisos y los beneficiados con exenciones fiscales
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) se confrontaron en el Senado por la Ley General de Transparencia y advirtieron que acudirán incluso a la acción de inconstitucionalidad si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto con el Verde Ecologista de México (PVEM) imponen su mayoría para aprobar una legislación secundaria que pasa por encima de la Constitución y representa un retroceso grave al derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
Cuestionaron que se pretenda restringir la apertura del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) a violaciones graves de derechos humanos, como son los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, los que, con los cambios propuestos por priístas y legisladores del PVEM, quedarían reservados hasta que la autoridad competente lo determine.
En conferencia de prensa, Alejandro Encinas, Dolores Padierna , Armando Ríos Piter y Zoé Robledo advirtieron que los 82 cambios a la iniciativa que el PRI y el PVEM llevaron a la mesa de negociación fueron elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República.
Zoé Robledo, Armando Ríos Piter, Miguel Ángel Barbosa, Benjamín Robles y Alejandro Encinas ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que los 82 cambios que el PRI y el PVEM pretenden aprobar respecto a la iniciativa que presentaron inicialmente en materia de transparencia fueron dictados desde la Presidencia -Foto María Luisa Severiano
Incrementarían el periodo de reserva de la información
La pretensión del gobierno de Enrique Peña Nieto, insistieron, es mantener sin claridad los fideicomisos, eliminar la obligación de las autoridades hacendarias de dar a conocer los nombres de los empresarios y en general de causantes mayores beneficiados con exenciones y créditos fiscales e impedir que se publiquen las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Lo anterior se suma a incrementar el periodo de reserva de la información.
Hicieron notar que en la iniciativa de Ley General de Transparencia, que se elaboró conjuntamente con expertos y representantes de organizaciones de sociedad civil, se propuso que las violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción del dominio público no podrían reservarse.
Sin embargo, dentro de los 82 cambios que a última hora presento el PRI, está que esa información permanecerá reservada hasta que la autoridad decida que puede hacerse pública. De aprobarse, precisó Encinas, la resolución del Ifai en la que pide información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, no procedería.
Al respecto, en otra conferencia de prensa, los senadores Arely Gómez, del PRI, y Pablo Escudero, del PVEM, rechazaron la acusación y sostuvieron que no intentan ningún retroceso en materia de transparencia.
Nadie quiere cerrar expedientes, lo que queremos es revisar los criterios, las discusiones que ya se dieron en el Ifai y verificar si ese órgano puede hacer una clasificación de violaciones graves a derechos humanos.
Sostuvieron que las modificaciones propuestas provienen de expertos y académicos y no quisieron precisar cuáles de las 82 fueron formuladas por el gobierno federal. Contarlos sería muy difícil, respondió la senadora Gómez.
Por separado, el panista Roberto Gil Zuarth advirtió que su bancada no permitirá retrocesos. Queremos una auténtica ley de transparencia, no una que deje espacios a la opacidad. Agregó que si el PRI y sus aliados del Verde se imponen, al PAN y PRD les queda el recurso de plantear ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad.
